Hombre en coche

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO
 

Una persona natural o jurídica puede querer demandar al Estado por muchas razones. Algunos ejemplos pueden ser tales cómo ser víctima de una arbitrariedad de parte de una entidad estatal: un Ministerio, Intendencia, Gobernación o Municipalidad, el hecho de sufrir acoso laboral o sexual por parte de un funcionario público, entre otros. En consecuencia, podrás ejercer una acción legal para que cese la arbitrariedad, y sí es plausible, reclamar una indemnización económica para obtener una reparación de los daños económicos y morales de los que fuiste víctima. Cabe destacar que nuestra legislación señala: "Cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado, de sus organismos o de las municipalidades, podrá reclamar ante los tribunales que determine la Ley, sin perjuicio de la responsabilidad que pudiere afectar al funcionario que hubiere causado el daño".

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A continuación podrás encontrar las preguntas frecuentes que realizan nuestros clientes:

¿Cómo se sí mi caso es viable?

Antes de iniciar trámites legales, es importante asegurarse de que existe viabilidad de accionar contra el Estado, siendo fundamental que la víctima solicite el estudio de los antecedentes de hecho y de derecho del caso, para determinar sí es factible solicitar a un tribunal que tome las medidas que corresponda para que cese la arbitriariedad, y en segundo lugar, evaluar la plausibilidad de obtener una indemnización de perjuicios en razón de los daños sufridos. El profesional deberá analizar las pruebas disponibles, indicar los documentos que se deben conseguir, revisar la posición de la jurisprudencia, es decir, las decisiones de los jueces, sobre casos similares, y verificar si todavía se encuentra en el lapso previsto por la Ley para la presentación de la acción legal propiamente tal.

¿En qué casos puedo solicitar reparación al Estado?

Las víctimas del Estado tienen derecho a una compensación económica. El valor de la indemnización se estima por el juez, según criterios jurisprudenciales establecidos por los Tribunales de Justicia y se calcula de conformidad con el principio de reparación integral, que implica que la indemnización sólo puede reparar el daño efectivo sufrido por las víctimas, que no podrá ser objeto de enriquecimiento ilícito. Existen diferentes hipótesis en las que el Estado debe responder por los perjuicios económicos sufridos por particulares. Así, la regla general es que deberá pagar siempre que las acciones u omisiones de alguno de sus agentes causen perjuicios y puedan ser probados conforme los medios que prescribe la ley.

A continuación, explicamos algunos casos en los que existe responsabilidad del Estado, según la jurisprudencia:

  • Privación injusta de la libertad. Se presenta cuando una persona inocente es privada de la libertad como consecuencia de un procedimiento criminal.

  • Perder un negocio por culpa de una arbitrariedad o injusticia del Estado. Por ejemplo, por la denegación de un permiso administrativo para realizar una actividad económica, cumpliendo con todos los requisitos legales, o el retraso de una obra de construcción por negligencia de la entidad estatal, etc.

  • Incumplimiento contractual. El Estado contrata servicios de particulares y no cumple conforme lo pactado.

  • Perjuicios por vías en mal estado. Es obligación de la Administración Pública mantener los andenes y vías en buen estado. Si una persona sufre perjuicios como consecuencia de una negligencia, debe ser indemnizado por la entidad responsable del mantenimiento y señalización de la vía en la que ocurrió el accidente. 

  • Daños causados por agentes estatales. Este es el caso de sufrir perjuicios causados por Carabineros, miembros de las fuerzas armadas, así como cualquier otro agente del Estado. Se trata de lesiones, muerte o daño a bienes, como consecuencia de la acción u omisión de dichos agentes.

  • Omisión en el deber de protección y violación a los Derechos Humanos. Se presenta cuando una persona es víctima de violencia, arbitrariedades y amenazas que pone en conocimiento de las autoridades. Sin embargo, no recibe protección y sus bienes o integridad física resultan afectados por hechos negligentes y/o maliciosos de terceros. 

  • Otros, tales como nulidad de derecho público, deudas impagas, despidos arbitrarios e ilegales, indebida interpretación de la Ley o de la Constitución Política, negligencia médica ocurrida en un servicio de salud público, injurias y calumnias, reclamación por expusión de extranjeros, sumarios sanitarios, juicio de cuentas, sumarios administrativos, entre otros.

¿Cuál es el plazo que tengo para demandar al Estado?

1) Reponsabilidad extracontratual: el plazo de la acción de indemnización de perjuicios es de cuatro años. El cómputo de la prescripción extintiva se inicia en la fecha en que se consumó el hecho generador del daño.

2) Reponsabilidad contractual: el plazo de la acción de inmdenización por incumplimiento es de cinco años. El cómputo de la prescripción extintiva se inicia en la fecha del incumplimiento contractual propiamente tal.

¿Qué servicios ofrece A&C Abogados?

 

Resguardar la debida aplicación de la normativa frente a una institución pública, evaluando casos e interponiendo las acciones legales que sean plausibles. Entre ellas:

  1. Demandas por daños contra el Estado (Fisco de Chile)

  2. Demandas por privación injusta de libertad

  3. Muerte por prestación de servicio militar obligatorio

  4. Víctimas por violación de derechos humanos.

  5. Accidentes por mal estado de veredas, calles y avenidas públicas.

  6. Responsabilidad del Estado por Falta de Servicio.

  7. Cumplimiento de Contratos con el Estado.

  8. Demandas contra Carabineros, Fuerzas Armadas (Fuerza Aérea y Marina) y Policía de Investigaciones.

  9. Demandas contra Hospitales públicos y Servicios de Salud.

  10. Demandas contra Escuelas, Colegios y Liceos Públicos.

  11. Demandas contra Municipalidades, Gobernaciones e Intendencias.

  12. Demandas contra Notarios, Archiveros Judiciales, Conservadores de Bienes Raíces y Tribunales de Justicia.

  13. Demandas contra el Gobierno y Ministerios.

  14. Recursos contra Superintendencias.

  15. Contrainteligencia.

  16. Corrupción.

  17. Recursos de Protección.

  18. Recursos de Amparo.

  19. Reclamo de Ilegalidad Municipal

  20. Juicio de hacienda

Nuestra consulta de evaluación tiene un valor de $45.000 por hora, se realiza a través de videoconferencia (Zoom). En mérito de los antecedentes, y siempre que la acción que pretendas tenga fundamento plausible para litigar, se cotiza por el juicio propiamente tal.

 

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